La International Chamber of Commerce México (ICC México) apoya la reforma que busca garantizar el acceso universal al servicio de Internet en el país, pero subraya la necesidad de que se preserve la competencia justa en el sector de telecomunicaciones. Según la ICC, es fundamental que las empresas sigan participando en el mercado sin el riesgo de ser excluidas o desventajadas, ya que esto podría afectar negativamente a los consumidores.
Sus principales preocupaciones son:
Competencia en riesgo: Declarar el acceso a internet como una actividad estratégica podría excluir a otros operadores del mercado, beneficiando de manera desproporcionada al proveedor estatal y perjudicando en última instancia al consumidor final. Si bien la participación del Estado es legítima, esta debe ocurrir en condiciones de igualdad, sin subsidios o ventajas que distorsionen el mercado. La renovación tecnológica y la incorporación de avances como la inteligencia artificial requieren inversiones sustanciales y un entorno competitivo.
Inversión y modernización: La presencia de un proveedor estatal dominante, bajo condiciones preferenciales, desincentivaría la inversión privada en infraestructura, frenando el desarrollo tecnológico. Un mercado competitivo garantiza la innovación y la mejora constante de los servicios para los consumidores.
Distorsión del mercado: Si bien es crucial expandir la cobertura de internet, este objetivo no debe alcanzarse a costa de la libre competencia. Concentrar el poder en un solo proveedor estatal podría afectar negativamente la calidad y accesibilidad de los servicios.
Impacto en la calidad del servicio: La reducción de competencia podría traducirse en una menor calidad del servicio para los usuarios, ya que los incentivos para mejorar la eficiencia y la innovación se verían limitados en un mercado controlado por un único actor.
Finalmente, la ICC propone que la expansión de la cobertura de Internet se realice bajo un esquema de competencia justa, tanto para el sector público como privado. Además, solicita la implementación de mecanismos de supervisión independientes que garanticen un equilibrio en el mercado y regulaciones alineadas con estándares internacionales para promover la innovación y proteger a los consumidores.
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